El ex Presidente de la Corte Suprema, Juan Vicente Ugarte del Pino, pidió que el Ministro de Salud, Osca Ugarte, deje de ser un "ejemplo de subversión" y acate el reciente fallo del Tribunal Constitucional que prohíbe el reparto de la llamada píldora del día siguiente por su potencial efecto abortivo.
El destacado jurista, maestro e historiador explicó en el artículo titulado "Sin estabilidad jurídica no hay país viable" –publicado en el diario El Comercio– que el Tribunal Constitucional ha señalado que es no viable la distribución de la píldora "en el marco de las políticas estatales, por tener un potencial efectivo abortivo que no ha sido descartado. Se ha evaluado la amenaza o vulneración del derecho a la vida del concebido y no la vía de distribución. Nuestro país no es pionero en emitir un pronunciamiento contrario a la AOE (Anticoncepción Oral de Emergencia). En sentido similar lo han hecho Argentina, Ecuador y Chile".
A pesar de esto, el Ministro Ugarte ha ensayado diversas "iniciativas" para no obedecer la sentencia o para desnaturalizarla de modo tal que se dé una apariencia de cumplimiento, como "criticar la sentencia del TC por discriminatoria contra las mujeres pobres" o "decir que mientras no se aclare va a seguir distribuyendo".
Para el primer caso, el jurista propone al MINSA disponer "la cancelación del registro sanitario. No existe discriminación por parte del TC. Sí habría discriminación del Ejecutivo si no cancela el registro sanitario".
En el segundo caso, Ugarte del Pino sostiene que los asesores legales del Ministro "debieron advertirle que un pedido de aclaración no provocará el contenido esencial de la sentencia. Si el Ministro lo supo, entonces solo existió la lamentable intención de dilatar".
Asimismo, cuestiona que el Ministro haya ofrecido "vender las píldoras a un precio simbólico o regalarlas a una ONG privada. Son iniciativas sin fundamento y oportunidad legal"; y critica que pretenda "incluir una advertencia en el inserto que acompaña la venta comercial del producto con la opinión de la OMS la cual señala que el método no es abortivo. Esta preocupación por el sector comercial escapa completamente el ámbito de la sentencia misma y despierta las mayores suspicacias".
"¿Qué consecuencias trae para nuestra sociedad el ejemplo de un Ministro de Estado que en lugar de cumplir las leyes sea más bien un ejemplo de subversión?", cuestionó el experto.
"Las sentencias deben acatarse, nos gusten o no", explicó y agregó que "corresponde al Ministerio de Salud pensar en el país, y ser ejemplo para la población. El MINSA debe proceder a eliminar el lote de píldoras ya que está obligado a no distribuirlas en forma alguna, sea onerosa o gratuitamente como es el caso de una donación".
"Entre la crítica y la desobediencia a la autoridad existe una distancia muy grande, en la primera se está frente a un actuar democrático y constitucional, mientras que en la segunda se configura un delito contra la administración de justicia, el cual se agrava al ser efectuada por un funcionario público de alto nivel. Esperamos un cambio de conducta por el bien del Estado de Derecho", concluyó.
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